El gobierno de Raúl Alfonsín inauguró el período democrático más prolongado de la historia fue una transición turbulenta no solo por la tensión por los juicios a los militares sino por la crisis económica ambas cuestiones precipitaron la entrega anticipada del gobierno a Menem.
María Seoane.
Hasta 1983, ningún argentino menor de sesenta años había podido vivir en democracia veinte años consecutivos. El 10 de diciembre de 1983 fue un acontecimiento extraordinario por eso, porque fue inusual en la historia argentina del siglo XX y porque inició un ciclo que estaba llamado a prolongarse sin interrupciones y que rompió la dinámica perversa del sistema político de oscilar entre gobiernos militares y civiles desde 1930. Fue, entonces, un momento de develamiento e intento de cicatrizar las heridas producidas por la dictadura, de la vuelta a casa de miles de exiliados, de rearmar el Estado y las instituciones, de volver a crear sin miedo, de una revisión crítica del pasado y de hacer un balance de las enormes dificultades sociales y económicas heredadas.
La recuperación de la democracia fue el resultado de varios acontecimientos convergentes. El más importante fue, sin duda, la derrota militar en la guerra por las Malvinas en 1982 que definió el conteo final de la dictadura. Y la profunda presión internacional y la denuncia de las entidades humanitarias, sobre todo de las Madres de Plaza de Mayo, para encontrar respuesta a las miles de desapariciones y muertes de ciudadanos. La sociedad respaldó mayoritariamente al radicalismo conducido por Raúl Alfonsín: el 30 de octubre de 1983 le dio 7,5 millones de votos contra 5,7 millones del PJ. Se produjo, entonces, la primera derrota electoral de la historia de un peronismo cuya oferta electoral presentaba a hombres ligados al traumático gobierno de Isabel Perón (1974-1976). La capilaridad federal de la tradición peronista hizo que la correlación de fuerzas favoreciera con la mayoría al radicalismo en Diputados pero no en el Senado ni en los estados provinciales. Este mapa político emergente de la elección preanunciaba, de hecho, que el gobierno de Alfonsín sería de transición y debía basarse en el consenso con el principal partido de oposición que estaba dispuesto, en el marco de su propia renovación, a sostener fielmente el orden democrático. Así, el 10 de diciembre de 1983, Día Internacional de los Derechos Humanos, con una Plaza de Mayo multitudinaria unificada detrás de banderas argentinas, con la canción maravillosa "La Cigarra" de María Elena Walsh cantada por Mercedes Sosa resonando en todos sus rincones; con las plazas de todo el país festejando ese día esperado, Alfonsín asumió el poder y repitió el preámbulo de la Constitución nacional en señal de las tareas de su gobierno: juzgar la tragedia dictatorial y pacificar y reconstruir la república.
Cuando se habla de la transición a la democracia, se habla sobre todo del período que va desde el 10 de diciembre de 1983 a la asunción de Carlos Menen en 1989, fecha en que por primera vez en medio siglo un presidente electo pasó la banda presidencial a otro elegido por el voto popular y no por un golpe cuartelero. Ese cortísimo lapso pasó por varias etapas: la primera, desde el inicio del juicio a las juntas militares y la declaración de la "economía de guerra", ocurridos ambos hechos en abril de 1985; la segunda, desde la sentencia a los comandantes a la Semana Santa de 1987, con la primera sublevación carapintada; la tercera, desde esa fecha hasta la salida anticipada de Alfonsín del gobierno, marcada por una crisis política, económica y social persistente. Toda la transición democrática estuvo signada por la puja constante entre el gobierno, la sociedad y las fuerzas armadas sobre la manera de abordar el núcleo duro y violento del pasado; por la reorganización de los partidos y las organizaciones sindicales y sociales y por modelar un plan económico que diera cuenta de las principales cuestiones sociales y económicas como el incremento de la pobreza, la inflación sostenida —430% anual en 1983— y la deuda externa acumulada por la dictadura, que había saltado de 6.500 millones de dólares en 1976 a 45 mil millones de dólares en 1983.
Apenas asumió, entonces, Alfonsín ordenó el juzgamiento de las cúpulas militares y de las cúpulas guerrilleras. Se ordenó, también, la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sabato, que debía investigar los crímenes de la dictadura. Se eligió una nueva Corte Suprema; el Congreso anuló la ley de autoamnistía sancionada entre gallos y medianoche por el régimen militar de Reynaldo Bignone en retirada y se ordenó que los militares se juzgaran a sí mismos a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. A poco de andar, la resistencia militar a someterse a la justicia hizo que —luego de enormes tensiones— se decidiera el abocamiento de la Cámara Federal de Apelaciones, es decir la justicia ordinaria, que prepararía el célebre juicio a las juntas militares. Mientras se procesaba a cientos de militares, la sociedad comenzaba a conocer detalles de la magnitud de la represión ilegal a través de la prensa: se difundían listas de los desaparecidos, se conocían entierros masivos de NN a lo largo y a lo ancho del país. En ese marco, Alfonsín convocó a un plebiscito no vinculante para cerrar también el conflicto por el Beagle. Un abrumador "sí" (el 81,5 por ciento) a favor de la paz desmilitarizó la relación con Chile. Poco después, el gobierno se abocaba a la construcción del Plan Alimentario Nacional (PAN) para auxilio de los más pobres, al tiempo que el propio Alfonsín con el canciller Dante Caputo iniciaba una serie de viajes a varios países de latinoamérica, a Europa y a la Asamblea General de la ONU, donde se planteó el agobio de la deuda externa como traba definitiva al desarrollo. Reconstituidos luego de un largo período de proscripción, los sindicatos reagrupados en la CGT, conducidos por el cervecero Saúl Ubaldini, se asumieron como el verdadero núcleo duro de oposición mientras el PJ intentaba recomponerse de la derrota y reanudar el camino de la renovación cuyos principales dirigentes fueron, en esa etapa, varios gobernadores, entre ellos Antonio Cafiero y el riojano Carlos Menem. No fue el peronismo político sino el sindical el encargado de iniciar una resistencia sostenida contra la Ley sindical de Alfonsín, y por la puja por el salario, a través de numerosos paros generales que al finalizar su gobierno sumarían trece. La tensión entre el pasado y el presente caracterizó entonces los primeros años de democracia. Mientras se procesaba lo ocurrido, la cultura tuvo un nuevo impulso. Sobresalió el teatro, que ya había comenzado a reverdecer al final de la dictadura con el movimiento Teatro Abierto. La ciencia tuvo su Premio Nobel de Medicina en 1984 a César Milstein. El cine argentino, en 1985, produjo "La historia oficial", de Luis Puenzo, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1986. Sabato obtuvo el Premio Cervantes de Literatura. El periodismo de denuncia e investigación comenzó su década de oro. El ballet brillaba con Julio Bocca y Eleonora Cassano; la música con el piano de Martha Argerich y el bandoneón de Piazzolla, y el fútbol con los goles de Maradona. El gobierno lanzó un plan na cional de alfabetización y la matrícula universitaria se quintuplicó. La revisión del pasado incluía el aggiornamento para la vida cotidiana: se aprobaron las leyes de divorcio y patria potestad compartida.
La recuperación de la democra cia tuvo desafíos tremendos: la declaración de "economía de guerra" por la cual se daba la conducción económica a Juan Vital Sourrouille, se definía una etapa de austeridad para afrontar el pago de la deuda y daba nacimiento el austral como moneda de crisis, de ajuste; las futuras rebeliones carapintada, iniciadas en Semana Santa de 1987 y de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, llamadas leyes del perdón que fueron rechazadas por la sociedad; la trágica aventura guerrillera del Movimiento Todos por la Patria (MTP) con el asalto al cuartel de La Tablada, la hiperinflación, los golpes de mercado y los saqueos, la desconfianza ciudadana de que con la democracia se coma, se cure, se eduque, y el anticipado final de un gobierno cuyo principal legado, más allá de estas coyunturas dramáticas, fue haber dado el puntapié inicial para que la Argentina entrara al futuro por la puerta grande de la libertad.
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