El día 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, promoviendo así el análisis y reflexión histórica, el diálogo intercultural, el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios que se encuentran en el territorio de lo que hoy es la Nación Argentina. Recordemos que hasta el año 2010, esta fecha se denominaba “Día de la Raza”, aludiendo a la llegada de Colón y la corona española al territorio continental. A partir de 2010, nuestro país decide cambiar el nombre anterior por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dando así un nuevo significado que respete y sea coherente con lo que dicta nuestra Constitución Nacional, Tratados Internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales. De esa forma, se establece un cambio de paradigma y se da espacio al reconocimiento de una identidad múltiple y una valoración de la inmensa cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios.
Durante muchos años se hizo uso de una controvertida noción de razas y se
debatió sobre el significado de esta fecha en la Argentina. Hasta que en 2010
se cambió el nombre Día de la Raza por Día del
Respeto a la Diversidad Cultural, mediante el Decreto 1584/10. De
esta forma, se otorgó a la conmemoración del 12 de octubre un significado
acorde al valor establecido en la Constitución Nacional para la diversidad étnica
y cultural.
Actualmente, esta fecha recuerda la dominación, la explotación (encomienda, mita y yanaconazgo), el exterminio de gran parte de los pueblos originarios, las rebeliones indígenas y los levantamientos de los criollos americanos que conllevaron a la consagración de las independencias después de más de trescientos años de la invasión.
Sin embargo, también visibiliza como la configuración del Estado implicó un nuevo programa de ocultamiento de la diversidad, una distribución desigual de poder vinculada a la jerarquización de las identidades culturales y la construcción de una figura hegemónica del sujeto nacional. Desde su surgimiento y consolidación, el Estado se dispuso a administrar un territorio habitado por culturas y poblaciones preexistentes. Se encargó, entonces, de ordenar las posiciones y roles que debían adoptar los diferentes sujetos, asociados a una determinada población, dentro de esta organización territorial. De esta forma, estableció fronteras internas, físicas y simbólicas, donde los pueblos indígenas ocuparon una posición de extranjeros internos. Se produjeron, por lo tanto, jerarquías en las relaciones de alteridad, generando condiciones diferenciales de existencia entre un supuesto sujeto nacional blanco, de origen europeo, y católico y un conjunto indeterminado de otros internos.
En las últimas décadas se ha incrementado la participación política de las comunidades indígenas y el control de territorios autogestionados. Asimismo, se ha incrementado la autopercepción de los indígenas y la valoración de sus propias culturas. Los censos y el aumento de reconocimientos cristalizados en legislación dan cuenta de esto. Instrumentos legales internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA 1997), enmarcaron la incorporación, en nuestro país, del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional (1994), que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
En términos demográficos, en 2011 se estimaba que la población indígena en América Latina y el Caribe oscilaba entre los 40 y los 50 millones sobre un total de 480 millones de habitantes. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la cifra de población indígena de América Latina sería un 10% del total de habitantes. Entre los países de la región, Argentina se encuentra entre aquellos con menor población total y proporcional. Se estima que hay un aproximado de un millón de habitantes indígenas, lo cual significa un 2,4% sobre el total de la población (CEPAL 2014, según datos del 2012 y Censo Nacional del año 2010). Además, en el país pueden reconocerse, al menos, 32 pueblos indígenas diferentes, sobre un total de 826 pueblos a lo largo y ancho de América Latina.
Por su parte, la Unesco define Diversidad Cultural como la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica, por un lado, la preservación y promoción de las culturas existentes y por el otro el respeto hacia otras culturas. Pero no es solo un concepto, sino que es -debe ser- una política activa para lograr un diálogo intercultural equilibrado que opere en contra de los prejuicios, la discriminación y la exclusión social. Aún hoy persisten muchas de las categorías raciales, creadas y naturalizadas, que sirvieron de instrumento para el dominio sobre las poblaciones indígenas (también de los esclavos africanos) y se articularon con aspectos económicos, políticos, religiosos y de género, dando lugar a una matriz colonial de poder.
El reconocimiento de la diversidad cultural implica, entonces, establecer espacios de comunicación y diálogo en medio de las diferencias, donde se incluya desde la igualdad de derechos, lo que nos diferencia y lo que nos une para consensuar expectativas comunes, normas y valores para organizarla convivencia en la diferencia.
El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, busca visibilizar y erradicar las diferentes formas de desigualdad y violencia social, a la vez que amplía la mirada sobre las alteridades que conforman la sociedad actual, evidenciando las múltiples poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes, revalorizando su historia y su presente con el objetivo de promover el respeto y garantizar sus derechos.
Actualmente, esta fecha recuerda la dominación, la explotación (encomienda, mita y yanaconazgo), el exterminio de gran parte de los pueblos originarios, las rebeliones indígenas y los levantamientos de los criollos americanos que conllevaron a la consagración de las independencias después de más de trescientos años de la invasión.
Sin embargo, también visibiliza como la configuración del Estado implicó un nuevo programa de ocultamiento de la diversidad, una distribución desigual de poder vinculada a la jerarquización de las identidades culturales y la construcción de una figura hegemónica del sujeto nacional. Desde su surgimiento y consolidación, el Estado se dispuso a administrar un territorio habitado por culturas y poblaciones preexistentes. Se encargó, entonces, de ordenar las posiciones y roles que debían adoptar los diferentes sujetos, asociados a una determinada población, dentro de esta organización territorial. De esta forma, estableció fronteras internas, físicas y simbólicas, donde los pueblos indígenas ocuparon una posición de extranjeros internos. Se produjeron, por lo tanto, jerarquías en las relaciones de alteridad, generando condiciones diferenciales de existencia entre un supuesto sujeto nacional blanco, de origen europeo, y católico y un conjunto indeterminado de otros internos.
En las últimas décadas se ha incrementado la participación política de las comunidades indígenas y el control de territorios autogestionados. Asimismo, se ha incrementado la autopercepción de los indígenas y la valoración de sus propias culturas. Los censos y el aumento de reconocimientos cristalizados en legislación dan cuenta de esto. Instrumentos legales internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA 1997), enmarcaron la incorporación, en nuestro país, del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional (1994), que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
En términos demográficos, en 2011 se estimaba que la población indígena en América Latina y el Caribe oscilaba entre los 40 y los 50 millones sobre un total de 480 millones de habitantes. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la cifra de población indígena de América Latina sería un 10% del total de habitantes. Entre los países de la región, Argentina se encuentra entre aquellos con menor población total y proporcional. Se estima que hay un aproximado de un millón de habitantes indígenas, lo cual significa un 2,4% sobre el total de la población (CEPAL 2014, según datos del 2012 y Censo Nacional del año 2010). Además, en el país pueden reconocerse, al menos, 32 pueblos indígenas diferentes, sobre un total de 826 pueblos a lo largo y ancho de América Latina.
Por su parte, la Unesco define Diversidad Cultural como la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica, por un lado, la preservación y promoción de las culturas existentes y por el otro el respeto hacia otras culturas. Pero no es solo un concepto, sino que es -debe ser- una política activa para lograr un diálogo intercultural equilibrado que opere en contra de los prejuicios, la discriminación y la exclusión social. Aún hoy persisten muchas de las categorías raciales, creadas y naturalizadas, que sirvieron de instrumento para el dominio sobre las poblaciones indígenas (también de los esclavos africanos) y se articularon con aspectos económicos, políticos, religiosos y de género, dando lugar a una matriz colonial de poder.
El reconocimiento de la diversidad cultural implica, entonces, establecer espacios de comunicación y diálogo en medio de las diferencias, donde se incluya desde la igualdad de derechos, lo que nos diferencia y lo que nos une para consensuar expectativas comunes, normas y valores para organizarla convivencia en la diferencia.
El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, busca visibilizar y erradicar las diferentes formas de desigualdad y violencia social, a la vez que amplía la mirada sobre las alteridades que conforman la sociedad actual, evidenciando las múltiples poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes, revalorizando su historia y su presente con el objetivo de promover el respeto y garantizar sus derechos.
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